ACT!

Herramienta anticorrupción para organismos públicos

ACT! es un proyecto europeo cofinanciado por la Comisión Europea a través de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior.

Se puso en marcha el 1 de febrero de 2019, y concluirá el 31 de marzo de 2021, con un consorcio transnacional compuesto por varias organizaciones europeas involucradas en la lucha contra la corrupción.

El consorcio está coordinado por Transparency International Italia, y cuenta con la presencia de las siguientes organizaciones italianas, españolas y griegas: OnData, Fondazione Openpolis, Avviso Pubblico (en colaboración con Re-Act), VouliWatch, Access Info Europe.

El proyecto se centra principalmente en el desarrollo de herramientas de gestión de datos y riesgos que permiten la vigilancia ciudadana de determinadas áreas con un alto riesgo de corrupción y con un impacto económico y social significativo (presupuestos, contratos públicos, procesos legislativos), así como en la promoción de la implantación de buenas prácticas a nivel europeo.

OBJETIVO
El proyecto pretende evitar la corrupción a nivel de las entidades locales, promoviendo una plataforma en línea, equipada con herramientas útiles para mejorar la detección y denuncia de los casos de corrupción. También pretende promover la vigilancia ciudadana en sectores vulnerables (procesos legislativos, presupuestos y contratos públicos), especialmente en tres países, Italia, España y Grecia, junto con la participación de las tres principales ciudades europeas en esas regiones: Milán, Madrid y Atenas.

RESULTADOS
En el marco del proyecto, se han desarrollado cinco herramientas para respaldar a los organismos públicos:
1. Una herramienta de denuncia de irregularidades, para simplificar la presentación y la tramitación de las denuncias en casos de corrupción y mejorar la protección de los alertadores;
2. Una herramienta para evaluar las normas de acceso a la información y su implementación por parte de las entidades locales;
3. Un portal gubernamental abierto, para mejorar la transparencia de los procesos legislativos, donde los ciudadanos puedan vigilar las reuniones de los responsables públicos y sus intereses patrimoniales;
4. Un portal de datos abiertos para los contratos públicos;
5. Una herramienta interna para prestar apoyo a las entidades locales en la evaluación y prevención de los riesgos de corrupción.